Un jurado de Nuevo México emitió un veredicto histórico contra Meta Platforms, ordenando al gigante tecnológico pagar 375 millones de dólares por no proteger a los niños de los peligros en línea. El fallo marca un giro significativo en la responsabilidad de las empresas de redes sociales, ya que el jurado encontró a Meta responsable de todos los cargos del caso, incluidas las acusaciones de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas.
El jurado determinó que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, incurrió en prácticas comerciales “injustas y engañosas”, lo que resultó en aproximadamente 37.000 violaciones de la Ley de Prácticas Desleales del estado. Con una multa máxima de $5,000 por cada infracción, esto llevó a la sustancial multa financiera anunciada el martes. El veredicto ha sido descrito como “histórico” y plantea preocupaciones apremiantes sobre las responsabilidades de las plataformas de redes sociales en la protección de los usuarios jóvenes.
En el juicio, los miembros del jurado escucharon testimonios que indicaban que Meta no protegió adecuadamente a su audiencia joven de la exposición a contenido sexual explícito, solicitaciones e interacción con depredadores potenciales. Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que las opciones de diseño de la empresa priorizan el compromiso y las ganancias sobre la seguridad del usuario, particularmente para poblaciones vulnerables como los niños.
Este fallo sigue una tendencia creciente de escrutinio legal en torno a las redes sociales, ya que Meta enfrentó anteriormente varias demandas relacionadas con problemas de salud mental vinculados a sus plataformas. Según varias fuentes, incluidas Reuters y The Guardian, Meta se ha resistido constantemente a rendir cuentas, incluso cuando se amplifican los llamados a una mayor regulación y supervisión.
Los representantes de Meta, tras el veredicto, restaron importancia al impacto financiero y calificaron la sanción como relativamente modesta en el contexto empresarial más amplio. Los analistas legales sugieren que este fallo podría sentar un precedente para otras demandas contra empresas de tecnología, lo que podría allanar el camino para nuevos desafíos legales centrados en la explotación de los usuarios y la responsabilidad corporativa en la era digital.

