By Breaking Editor 
El gobierno de la Ciudad de México ha rechazado un informe reciente de las Naciones Unidas que detalla las desapariciones forzadas en el país, calificándolo de sesgado y basado en datos obsoletos anteriores a 2018. Esta posición oficial se alinea con la del gobierno federal y se produce cuando la ONU pretende presentar el tema a la Asamblea General para que se tomen más medidas.
La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las conclusiones de la ONU carecen de fundamento, reflejando los sentimientos expresados por funcionarios del partido político gobernante, Morena. El discurso nacional en torno a estas desapariciones se ha intensificado, y el organismo internacional presiona para que se reconozcan problemas sistémicos que, según los críticos, se han visto exacerbados por la colusión entre grupos criminales y actores estatales.
A medida que la situación en México se intensifica, las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han instado al gobierno a aceptar asistencia técnica para abordar la crisis actual, que, según afirman, ha dejado a unas 130.000 personas desaparecidas debido a la violencia predominantemente relacionada con los cárteles de la droga.
En respuesta, varias figuras políticas y comentaristas sociales han expresado su preocupación por la negación de la crisis por parte del gobierno, sugiriendo que tales posturas pueden servir para enmascarar fallas institucionales más profundas. El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha manifestado su intención de llevar el tema ante la Asamblea, destacando la necesidad de una cooperación global contra estas supuestas atrocidades.
Los expertos sostienen que los hallazgos de la ONU sugieren un patrón indicativo de crímenes contra la humanidad, lo que aumenta los riesgos para México mientras navega por las presiones tanto nacionales como internacionales para mejorar la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por las desapariciones.