Argentina enfrenta importantes disturbios luego de la aprobación de una controvertida reforma laboral por parte de la administración del presidente Javier Milei en la cámara baja del Congreso. La reforma, que supuestamente contiene más de 200 modificaciones, ha desatado acusaciones de reducir los derechos de los trabajadores e imponer condiciones que recuerdan a la “semiesclavitud”, según críticos, incluidos sindicatos y varios comentaristas de las redes sociales.
El jueves, una huelga general paralizó gran parte del país, en respuesta directa a la decisión del gobierno. Trabajadores de diversos sectores expresaron su descontento, afirmando que la reforma perjudica los derechos y medios de vida de los argentinos. El gobierno advirtió sobre una represión contra los periodistas que cubren las protestas, lo que aumentará aún más las tensiones.
Los críticos han expresado su preocupación por el impacto de las reformas en la ya debilitada economía de Argentina. Los informes indican que la aprobación de la ley laboral ha coincidido con un fuerte aumento en las tasas de mortalidad infantil, marcando el primer aumento en dos décadas, en medio de un contexto de desmantelamiento de los servicios públicos. Esto ha dado lugar a acusaciones de exacerbar la pobreza entre las poblaciones más vulnerables del país, y las familias recurren a préstamos sólo para cubrir necesidades básicas como alimentos, como informó Al Jazeera.
A pesar de la reacción, la administración Milei sostiene que las reformas son necesarias para impulsar el crecimiento económico y atraer inversión extranjera. Los partidarios de la reforma, incluidos libertarios y ciertas facciones empresariales, han comenzado a migrar a Argentina para participar en las nuevas políticas laborales, que, según afirman, fomentarán el espíritu empresarial y las oportunidades económicas.

